El valor estratégico del agua, tanto desde el punto de vista político como económico,
convierte este recurso en objeto de conflicto, acaparamiento y explotación indiscriminada. Por esta razón, resulta fundamental una adecuada regulación que favorezca la solución pacífica de las disputas, y que garantice el acceso universal al agua para la satisfacción de las necesidades humanas básicas, para la conservación de los ecosistemas y para asegurar el desarrollo equitativo y sostenible de las comunidades, países y regiones hasta ahora marginados.
El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho al agua y al saneamiento afirmando que son esenciales para la realización de todos los Derechos Humanos. La resolución solicita a los estados miembros y a las organizaciones internacionales proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos y todas.
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